La discusión sobre el proyecto de reforma del sector eléctrico promovido por el Ejecutivo federal se ha centrado hastaahora en la cuestión de si las instalaciones del sistema eléctrico deben ser propiedad del sector público o del privado.
Por un lado, el Ejecutivo busca crear un mercado de electricidad entre particulares a fin de evitar el problema de deuda pública que representan los compromisos de compra de electricidad de largo plazo que actualmente está adquiriendo el Estado con los generadores privados bajo el régimen de Productor Independiente.
El Ejecutivo también busca regularizar la participación en el sector eléctrico de las empresas privadas, las cuales operan gracias a un cambio en el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (1992), cuya constitucionalidad ha sido puesta en duda por la Suprema Corte de la Nación. Por otro lado, diversos sectores (sindicatos y grupos políticos) rechazan esta reforma con el argumento de que el Estado debe conservar el monopolio en la generación, transmisión y distribución de electricidad, y que, por tanto, se deben cerrar totalmente las puertas de este sector estratégico al capital privado. Esta discusión es miope y arcaica, por limitada.
Si bien el aspecto de la propiedad de los activos es muy importante, la discusión sobre el sector eléctrico mexicano debe darse a la luz de una visión de país de largo plazo, es decir, desde la óptica de la búsqueda de un país con equidad sustentable. Para lograr esto, se tiene que ampliar el espectro de la discusión sobre el sector eléctrico. Estos son seis rubros, relacionados con la economía, el medio ambiente y la soberanía tanto energética como tecnológica, que se deben considerar.
